Panorama Católico

El gobierno nacional trabaja para la eliminación del obispado Castrense

El Gobierno avanza con sigilo, pero no sin obstáculos, en una reforma integral al Obispado Castrense a fin de garantizar la asistencia espiritual de los hombres y mujeres de armas, pero insistiendo en la necesidad de que ese servicio no sea prerrogativa exclusiva de la Iglesia Católica, como hasta ahora, sino que haya una apertura de los cuarteles a otras confesiones religiosas.

El Gobierno avanza con sigilo, pero no sin obstáculos, en una reforma integral al Obispado Castrense a fin de garantizar la asistencia espiritual de los hombres y mujeres de armas, pero insistiendo en la necesidad de que ese servicio no sea prerrogativa exclusiva de la Iglesia Católica, como hasta ahora, sino que haya una apertura de los cuarteles a otras confesiones religiosas.

La iniciativa busca cerrar el frente de conflicto diplomático abierto con el Vaticano en marzo de 2005, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner echó al obispo castrense, Antonio Baseotto, por una carta de éste al ministro Ginés González García sugiriendo, mediante una cita bíblica, que había que arrojar al mar con una piedra a quienes promovieran el aborto.

La expresión fue interpretada en la Casa Rosada como una apología de los vuelos de la muerte durante la última dictadura militar. Apunta además a “reordenar” el servicio religioso en las unidades militares que, al entender gubernamental, con el actual encuadre “crea una segmentación ficticia entre militares y civiles, que impide la integración de la sociedad civil”. Y entre otros puntos, prevé eliminar la figura del capellán con rango militar, hoy en desuso.

La misión fue encomendada por la presidenta Cristina Fernández al embajador argentino ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, quien en noviembre pasado elevó al Vaticano la propuesta de reforma del Obispado Castrense.

El proyecto, al que DyN tuvo acceso, no contempla revisar el acuerdo que rige las relaciones entre los dos Estados, como se pretendió en un primer momento, pero sí reconfigurar la jurisdicción eclesiástica militar, cuya estructura -se afirma en Balcarce 50- “no responde a las necesidades actuales del país”, ni a la reforma militar encarada por la Presidenta y la ministra Nilda Garré.

Asimismo, contempla la creación de un equipo interdisciplinario de estudio -abogados, diplomáticos, militares y clérigos- para evaluar la viabilidad de la propuesta argentina. Pero la iniciativa oficial choca con los tiempos y la burocracia vaticana. Hasta la fecha, la Secretaría de Estado, a cargo del cardenal Tarcisio Bertone, no contestó formalmente si aceptaba o no considerar el proyecto.

No obstante, Cafiero dijo a DyN que el Vaticano mostró “interés y predisposición” por el tema y aclaró que no iba a revelar en qué punto estaban las negociaciones porque se acordó manejar la cuestión “con mucha discreción”. En tanto, alguno de los puntos del proyecto argentino cosechó esta semana un inesperado e indirecto apoyo de los jefes de capellanes militares de todo el mundo reunidos en Madrid, donde se subrayó que todo soldado, como ciudadano, tiene el derecho de ser atendido por los ministros de la confesión religiosa que profese.

“Esto -se aseguró en ese cumbre internacional- no es una condescendencia del Estado o de un régimen político. Es un derecho fundamental de la persona”.

Sin embargo, la reivindicación contrasta con la realidad mundial, sobre todo en Latinoamérica, en la que capellanes anglicanos, budistas, judíos, musulmanes o evangélicos siguen teniendo trabas para asistir espiritualmente a los militares que profesan religiones no católicas.

El Gobierno no quiere que el servicio religioso en los cuarteles sea prerrogativa exclusiva de la Iglesia Católica, como hasta ahora, sino que haya una apertura a otras confesiones religiosas.

Cafiero tiene como mandato cerrar ese frente de conflicto con el Vaticano, incluso insistiendo en la eliminación del Obispado Castrense, posibilidad que Roma rechaza de plano, o al menos retrotrayendo el acuerdo bilateral a 1992, cuando se elevó esa jurisdicción eclesiástica de vicariato a obispado.

El embajador argentino considera que debe revisarse la existencia del “obispado” porque está constituido sobre cartas reversales de “endebles jurídica” y de “cuestionable validez”, por no contar con la aprobación parlamentaria. Instancia por más reclamado por estos días en otros temas.

Un dato cierto, ya que el acuerdo suscripto el 28 de junio de 1957 sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas se modificó el 21 de abril de 1992 mediante el intercambio de notas entre el canciller Guido Di Tella y el nuncio apostólico Ubaldo Calabresi, y fue ratificado a través del decreto 1526/92 con la firma del entonces presidente Carlos Menem.

El argumento de Cafiero puede ser la llave para una solución consensuada, pero requiere además modificar otras cuestiones como quitar el rango militar a los capellanes y permitir el ingreso a los cuarteles de rabinos y pastores, hasta ahora vedado. Y hasta eliminar la cláusula vigente que obliga al Gobierno a refrendar la designación de obispos. 

Fuente: El Liberal

Comentario Druídico: La noticia nos recuerda que el gobierno sigue empeñado en quitar a la Iglesia Católica el estado de «religión protegida», proyecto que motorizan desde círculos eclesiásticos. Tal vez lo del obispado castrense sea un primer paso para luego dar curso a la «ley de Libertad Religiosa» que desde hace años propugnan principalmente quienes forman el «CALIR».

Repetimos lo dicho hace un tiempo al respecto:

(…) en modo alguno se puede equiparar esta situación con la de los países católicos, donde la enorme mayoría proviene de una raíz religiosa única, aunque en ahora muchos hayan abandonado la práctica o inclusive la Fe. La tradición jurídica y moral de estos países exige que se de preeminencia a la Iglesia y no más que tolerancia a los cultos, en tanto y en cuanto no atenten contra las leyes justas o el bien común. Por eso, la cacareada «igualdad religiosa» que se quiere imponer en la Argentina, motorizada por los evangélicos y con la complicidad de grupo «Criterio» es simplemente contraria a la doctrina católica. El error no tiene derechos. Menos aún la estafa y el engaño.

Anexo: periódica e insistentemente los grupos evangélicos promueven esta ley de «igualdad jurídica» de los «cultos», según la cual se pondría a la Iglesia en el mismo nivel que cualquier creencia religiosa. Ahora, después del frustrado proyecto CALIR (Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, organismo paralelo al masónico CARI) manejado por el grupo Criterio, motorizan el anteproyecto Masquelet. De frustrarse, sería el quinto fracaso de la ley.