El caso del obispo adúltero que estoy denunciando me pone en
una situación de conflicto de intereses. Me gustaría dar ya el nombre y los
datos probatorios del caso, pero a la vez, como se trata de una denuncia ante
la jerarquía de la Iglesia, debo respetar, de algún modo, los tiempos
judiciales.

Sin embargo, los tiempos judiciales son demasiado lentos, y
los culpables de esta situación demasiado rápidos como para darles tanta
ventaja. De modo que, guiado el amor a la Iglesia y el celo de su honor, creo
que debo elegir una alternativa intermedia.

Demando de las autoridades romanas un acuse de recibo y
la certeza de que se han interesado en el tema. Pero, es muy pobable que esto no
ocurra.

Claro que desde la altura como se ven las cosas en la Santa
Sede, quizás prefieran llevar un ritmo lento, en atención a que el cardenal
Bergoglio queda implicado en forma directa en este caso, y le queda solo un año y monedas
de mandato, porque cumple 75 en 2011. Exactamente el 17 de  diciembre.

Los tiempos de Roma

Si Roma piensa en un recambio inmediato, las posibilidades
pueden ser la de una aceptación sin más de la renuncia, es decir, una salida
elegante. Una lectura del hecho en el lenguaje “romano” daría como
resultado la existencia de una tenue penalización: la aceptación de la renuncia
de un cardenal a su cargo por razones de edad en forma inmediata no es una
señal de favor, sino todo lo contrario. En especial si se tiene en cuenta que
los cardenales suelen permanecer en sus diócesis uno o dos años más como
mínimo, no mediando razones de salud, etc.

Otra alternativa sería el nombramiento de un Obispo
Coadjutor con derecho de sucesión. Esto significaría una suerte de
“intervención” de la Diócesis, especialmente si el nombrado no es del “riñón”
de Bergoglio. Un hecho parecido ocurre en Neuquén, donde Mons. Melani recibió
una fuerte reprimenda de la Congregación para los Obispos y al poco tiempo le
nombraron un coadjutor. Claro, Mons. Melani no es cardenal, ni ha sido
“papabile”.

Es posible entender los tiempos y los motivos de la Santa
Sede, pero como fieles no podemos regirnos por esos tiempos: lo nuestro es de
una inmediatez necesaria. No podemos tolerar ya que un sujeto con los
antecedentes del referido adúltero -tan solo por decir lo que podemos probar en
forma incontrastable- siga ocupando un cargo de tan importante, como si nada
hubiera ocurrido.

Más aún cuando los escándalos por abusos litúrgicos,
persecución del clero fiel y de los fieles más tradicionales, el incumplimiento
flagrante del Motu Proprio Summorum Pontificum, la inmoralidad ostensible de
muchos (demasiados) clérigos, con el consiguente daño espiritual de los fieles, etc. van
demoliendo a diario el catolicismo en una diócesis tan importante y en cierto
modo rectora -por razones de importancia- del resto del episcopado argentino.

Así, pues, no es posible aplazar por tiempos tan
prolongados la publicación del nombre (que ya muchos han inferido) y ni la publicidad de la
documentación enviada al Sr. Nuncio (y reenviada por éste al Cardenal Primado, según
comunicación de la Nunciatura a este redactor).

La intervención de la Nunciatura se ha limitado a dar
conocimiento en forma oficial al Cardenal Primado de mi denuncia. Me dicen que
si me he dirigido a Roma la Nunciatura ya no puede intervenir. Pues bien, valga como comunicación fehaciente al Cardenal Arzobispo, que en otro caso
probablemente se habría perdido en la compleja propedeútica de la burocracia
arzobispal.

La espera tiene un límite inmediato

Espero hasta el viernes próximo, 24 de septiembre, algún
acuse de recibo de Roma, siquiera verbal. Las cartas han sido adelantadas por
fax y por email en los casos en que ha sido posible a la Congregación para los
Obispos y a la Congregación para el Clero. Y van también en forma de carta
tradicional.

Si el viernes, al cierre del horario administrativo de la
Curia Romana no llega esta señal, procederé a la publicación por varios medios
periodísticos, no solo Panorama, de la carta con los detalles de los fallos
judiciales que han dejado firme la sentencia.

Allí sí, estará el nombre del obispo, que ya casi no es
necesario decir, sino, lo más importante, las pruebas.

Habré cumplido así con el deber de católico y el de
periodista. Y las cosas quedarán en el campo de la jerarquía eclesiástica, que,
creemos, procurará determinar si los entecedentes que haremos públicos fueron
informados a la Santa Sede cuando se promovió al sujeto en cuestión a la
dignidad episcopal. Y probablemente iniciará una investigación sobre su actuación posterior, especialmente
sobre la protección que un personaje con tales antecedentes se ve obligado a
dar a quienes mantienen situaciones irregulares, a fin de no ser puesto en
evidencia por sus subordinados.

Dicho de otro modo, cómo ha actuado bajo la permanente
amenaza de la extorsión a la que se ha visto sujeto. Sin duda, y a modo de contribución con la
justicia romana, podemos adelantar que una visita apostólica a los grandes
santuarios y basílicas de la Arquidiócesis rizaría de espanto los cabellos de
cualquier visitador honesto y competente. Sin que esto signifique que todo el clero allí es
culpable, porque nos consta el terrible sufrimiento de muchos sacerdotes que
presencian a diario estas situaciones y cuyas denuncias caen en el vacio o
terminan en el traslado con castigo de los denunciantes.

En fin, no pretendemos generar una delectación morbosa en
la adivinanza del nombre en cuestión, sino cumplir con los requisitos formales de cualquier
denuncia ante las autoridades eclesiásticas, aunque tampoco vamos a ceder a
los enemigos de la Iglesia las ventajas de la denuncia periodística, sin la cual, muchas veces, todo
termina en el silencio.

Creo que no puedo ser más claro.